La terminal es construida por un consorcio liderado por el local Grupo Abrisa, que desde principios de año anunció que invertiría en la primera etapa unos 200 millones de dólares.
El IDAC aseguró en una resolución que la autorización emitida por el propio organismo el 11 de agosto pasado para la construcción de la terminal incurrió en "violación de los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad".
Sin embargo, la disposición da oportunidad a los propietarios de la construcción de reintroducir ante ese organismo su solicitud para el levantamiento de la terminal.
"Si procediese y cumpliese con todos los requerimientos normativos y técnicos, se dispondrá el otorgamiento de una nueva autorización para la construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro", reza la resolución.
Seguridad y documentación
En una de las motivaciones de su decisión, el IDAC afirma que es deber del Estado "que las infraestructuras aeroportuarias sean instaladas sin poner en riesgo la seguridad aeronáutica del país y la operación de otras infraestructuras existentes, cuidando así de la seguridad ciudadana".
El IDAC también advierte de "irregularidades" en la concesión del permiso de construcción.
Entre estas señala la "inexistencia" de los documentos corporativos que avalan la constitución o incorporación de la empresa, y que debe contener información sobre sus socios, gerentes o directores.
Las anteriores autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil aprobaron su construcción, tras considerar que "resulta, en principio, viable, y factible técnicamente".
A la construcción del aeropuerto se han opuesto grupos ambientalistas que alegan resultaría en una amenaza para los acuíferos de la zona y, además, frustraría la construcción del acueducto proyectado para detener la salinización de las aguas subterráneas que abastecen los hoteles y la comunidad circundante.
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