El Parlament balear ha aprobado este martes el Proyecto de Ley para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19, que permitirá, entre otras medidas, ampliaciones en los hoteles de las Islas de hasta un 10%.
Este proyecto deriva del Decreto Ley 8/2020 que fue aprobado el pasado 13 de mayo por el Govern y validado por la Cámara balear el 2 de junio.
Se trata de una ley que, de acuerdo con las estimaciones del Govern, tendrá un impacto de 3.500 millones de euros sobre la economía de las Islas y movilizará 31.000 puestos de trabajo.
Su principal objetivo es paliar los efectos de la crisis sanitaria mediante la reducción de los trámites, la agilización de la actividad de las Administraciones y la efectividad del derecho de los ciudadanos, las empresas y los profesionales de acceder al ejercicio de la actividad económica de una manera ágil y eficiente.
Durante su validación en el Parlament, se aprobó que la propuesta fuera tramitada como Proyecto de ley para que los distintos partidos presentasen enmiendas al texto. En total, se han registrado 419 enmiendas de los distintos grupos: 40 de Cs, 57 de El PI, 61 de Vox, 121 del PP, 36 del Grupo Mixt-MÉS per Menorca y 104 por parte del 'Pacte'.
En la sesión plenaria se han incorporado tres enmiendas a la Ley, que se suman a las 84 aprobadas en ponencia y comisión en los últimos meses de tramitación. Entre éstas, se han incorporado dos de El PI-Proposta por les Illes, una de ellas sobre las instalaciones de autoconsumo eléctrico con tecnología de generación renovable en edificios en suelo rústico.
Asimismo, se ha incorporado una enmienda conjunta de los grupos Mixt-MÉS per Menorca y Popular, sobre las competencias del Consell de Menorca sobre la administración de Baleares en relación al Museu de Menorca, la Biblioteca Pública y el Arxiu Històric.
ACEPTADAS UN 35% DE LAS ENMIENDAS
Durante el debate del Proyecto de ley, la diputada socialista Mercedes Garrido ha explicado que "el texto se ha mejorado" y se han aceptado un 35% de las enmiendas presentadas, aunque "no hay modificaciones sustanciales".
De la ley de impulso económico, la diputada ha valorado la declaración responsable "como un muy buen instrumento de agilización administrativa y reactivación" y el incremento de las facultades inspectoras en turismo para luchar con más herramientas contra las actividades turísticas ilegales.
Respecto a los hoteles, la diputada ha resaltado que "son las fábricas" de las Islas, por lo que hay que ayudarlos a modernizarse. En este sentido, ha recordado que la redacción inicial preveía que se podrían ampliar hasta un 15% y que los consells podían decidir bajar de ese 15%.
Con la nueva redacción, se permitirá ampliar de forma general hasta un 10% y los consells en el caso de Formentera, Menorca e Ibiza, y el Govern, en el caso de Mallorca, podrán subir hasta un 15% o bajar del 10% esta ampliación.
Sin embargo, ha recordado que son obras para adaptar los establecimientos a las restricciones sanitarias y para mejorar la eficiencia energética, no para un incremento de plazas turísticas.
LA OPOSICIÓN CONSIDERA QUE LA LEY "NO IMPULSARÁ NADA"
Por parte de la oposición, durante el debate del Proyecto de ley, el diputado de Ciudadanos Jesús Mendez ha señalado que se trata de "un decreto desolador" que "no va impulsar ni agilizar nada".
Mendez ha considerado que este no es el proyecto adecuado frente a la crisis y ha indicado que "no va a determinar la política de reactivación económica". "Pone a la administración al servicio de la propia administración", ha criticado.
En este sentido, el diputado de El PI-Proposta de les Illes Balears Josep Melià ha asegurado que esta ley "no impulsará la economía de manera decidida, solo simplificará las tramitaciones para la administración y no para los particulares".
Asimismo, Melià ha explicado que "durante la tramitación parlamentaria se ha desvirtuado la petición de ser más eficientes y eficaces" y ha lamentado que no se han tenido cuenta las propuestas de su grupo en relación la declaración responsable, la modernización turística y el cambio de uso de establecimientos hoteleros obsoletos.
Por su parte, la diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha considerado que el proyecto de ley "continúa el despropósito de su redacción inicial" y ha destacado que "vulnera la Constitución española en materia de contratación administrativa".
Ribas ha insistido en que se trata de un proyecto de ley "chapucero y discriminatorio"."Estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad del Govern a la hora de sancionar a los ciudadanos", ha señalado, a la vez que ha añadido que la ley "ni incentiva la actividad económica, ni simplifica la tarea administrativa".
Desde el Grupo Popular, el diputado Antoni Costa ha criticado "la falta de voluntad de consenso" del Govern respecto al decreto. "Ni tienen ni han tenido la voluntad de pactar nada con el PP", ha asegurado.
Costa ha lamentado que de las 121 propuestas presentadas por el PP se han aprobado solo cinco y ha señalado que "no se impulsará nada con esta ley". Además, el diputado 'popular' ha indicado que la norma es "un proyecto de política exclusivamente de izquierdas".
Por otro lado, el diputado del Grupo Mixt-MÉS per Menorca Josep Castells ha lamentado que no haya habido un acuerdo respecto a la ampliación de los hoteles y ha resaltado que "modernización" significa, entre otros aspectos más eficiencia, más ahorro de agua o más consumo de proximidad.
"Nos estamos llenando la boca de reconstrucción en verde y cuando tenemos la oportunidad de plasmarlo en una norma continuamos con la construcción en gris", ha criticado.
UNIDAS PODEMOS Y MÉS RECONOCEN SU INCOMODIDAD CON CIERTAS MEDIDAS
Por otro lado, el portavoz y diputado de Unidas Podemos, Alejandro López, ha explicado que con la segunda ola "ha quedado en evidencia la necesidad de reactivar la economía" y ha valorado la "mejora" de los artículos referidos a la declaración responsable y a los establecimientos hoteleros.
No obstante, López ha lamentado que no se aceptara la enmienda relativa a la limitación temporal del aumento de edad de 12 años a 15 años para que no compute la plaza turística y ha avisado que "puede convertirse en un aumento encubierto de plazas". "Con algunas cuestiones no nos sentíamos cómodos pero hemos sido pragmáticos", ha admitido.
Asimismo, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha admitido que el decreto 8/2020 "contempla medidas polémicas" para su grupo. "Queremos un sector turístico de calidad con suelos dignos sin aumentar las plazas", ha añadido.
Campomar ha criticado las enmiendas presentadas por PP y Cs. "¿Creen que si tenemos los hoteles vacíos la solución es aumentar las plazas hoteleras?", ha preguntado a la oposición.
Desde Esquerra Unida de Baleares, el diputado Pablo Jiménez, que forma parte del Grupo Unidas Podemos, ha insistido en que "no es un buen decreto", aunque ha considerado que se han reducido "los aspectos más negativos" de la declaración responsable o limitación de obras en los establecimientos turísticos.
Jiménez ha reiterado el compromiso de la formación con el Govern, pero ha criticado que la ley podría haber incidido más en cuestiones como la transición energética y proteger a los colectivos más vulnerables.
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