El turismo y la inversión extranjera directa y las remesas serían las actividades económicas más impactadas de manera negativa en República Dominicana ante una posible recesión económica o si se mantiene a nivel mundial el aislamiento social por más tiempo del previsto debido a la propagación del coronavirus.
La proyección la hace el Observatorio Político Dominicano (OPD) en un estudio titulado “Impacto económico del COVID-19 en República Dominicana y acciones para paliar la crisis”, en el cual además proponen acciones para paliar la crisis sanitaria que también podría generar una disminución en las actividades de exportación, situación que agudizaría la crisis económica.
En cuanto al turismo, el informe arroja que dado el cierre total de la actividad turística del país se ven afectados todos los empleos directos que genera ese sector, más de 350,000 directos e indirectos; además de que impactará al sector agropecuario que dejará de contar con una importante cuota de su demanda de la compra US$870 millones que hace el turismo a esta industria.
El informe destaca que una reducción importante en los ingresos de divisas podría provocar un desequilibrio mayúsculo en la balanza de pagos, en las reservas internacionales y en la capacidad de pago en monedas extrajeras, es decir, en el pago de la deuda externa.
De acuerdo con el análisis, de la Unidad de Políticas Públicas de la entidad, las reservas internacionales del país se encuentran en torno a US$9,300 millones, equivalentes a 4.9 meses de importaciones y el 10.1% del PIB, lo que significa que el mercado de divisas tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades cambiarias.
El OPD recomendó al Gobierno implementar algunas políticas públicas que contribuirán con la mitigación de la crisis, entre las que se encuentran extender el aporte económico de RD$8,500 a los trabajadores informales de la economía y acordar con las entidades públicas y privadas el salto de al menos tres cuotas en los servicios de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones que pagan las familias.
La entidad propone se amplíe la red de farmacias públicas y el programa PROMESE para suministrar medicamentos prescritos que requieran las familias pertenecientes al quintil más pobre y los que han perdido sus trabajos a causa de la pandemia, asumiendo el Estado la responsabilidad del pago total durante el periodo de cuarentena.
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