Cinco colombianos vinculados a trata de personas fueron sometidos a la justicia en RD

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Santo Domingo. – El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, obtuvo medidas de coerción en contra de cuatro nacionales colombianos y un colombiano estadounidense, que fueron arrestados por estar vinculados a la trata de personas con fines de trabajo forzoso a través de la empresa de venta de enciclopedias Ediciones Sistesam S.R.L, la cual fue clausurada provisionalmente por las autoridades.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso las medidas de coerción en contra de los ciudadanos colombianos Alejandro Gacham Ilal, Rosemary Pion Taylor, Milagros de Jesús Torrenegra, Mary Cecilia Miguel y Camilo Miguel, quienes se presume integraban una red criminal que según han establecido las investigaciones operaba desde 1998 en el país y que fue desmantelada gracias a los esfuerzos que realiza actualmente el Ministerio Público dominicano para la efectiva persecución y combate del crimen organizado.

En el caso de Alejandro Gacham Ilal de 60 años de edad, el tribunal le impuso la colocación de grilletes electrónicos, el pago de una garantía económica de RD$100 mil en efectivo, presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y colocación de un brazalete electrónico, en tanto que contra Rosemary Pion Taylor de 65 años de edad y Milagros de Jesús Torrenegra de 50 años, una garantía económica en efectivo de RD$200 mil, impedimento de salida del país con retención de su pasaporte y presentación periódica ante el MP.

Igualmente, les fueron impuestas medidas de coerción a Mary Cecilia Miguel de 70 años de edad, consistente en una garantía económica de RD$200 mil en efectivo, arresto domiciliario e igualmente impedimento de salida del país con retención de su pasaporte, así como  al colombiano estadounidense Camilo Miguel de 81 años, al cual tomando en cuenta su edad, el tribunal le impuso una garantía económica de RD$20 mil en efectivo y presentación periódica.’

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que le atribuye al grupo dedicarse a la trata de personas agravada con fines de trabajo forzado,  delito tipificado y sancionado por las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 7 literales c y d de la Ley No. 137-03 que sanciona el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Detalló que por este caso también es perseguido Juan Carlos Adán, quien se presume que también forma parte de la red que fue desmantelada luego de una labor de inteligencia, durante una operación ejecutada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas conjuntamente con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y con la colaboración del Departamento Contra  el Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional.

Sobre la operación, el MP explicó que fue ejecutada en el transcurso de cuatro allanamientos mediante orden judicial, tres de ellos en el Distrito Nacional y uno en la provincia Valverde, durante los cuales fueron rescatadas seis víctimas y ocupados cientos de evidencias, entre ellas, varios vehículos, documentos, lista con anotaciones, lista de jóvenes y descripción de ventas de enciclopedias y lugares (provincias) donde eran desplazadas las víctimas, además de dinero (bolívares) y otros.

El órgano de justicia establece en la solicitud de medidas de coerción que producto de las investigaciones realizadas en contra de esa red criminal se pudo determinar que su metodología abarca la captación y el traslado a la República Dominicana de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes, luego de que llegaban al país eran llevados a las oficinas de la Empresa Ediciones Sistesam S.R.L, localizada en el sector Renacimiento del Distrito Nacional, la cual se dedica a la venta de enciclopedias en todo el territorio nacional.

De acuerdo a la investigación, una vez en dicha empresa les retenían sus pasaportes bajo el argumento de que serían enviados a la Dirección General de Migración para regularizar sus estatus, mientras que a otras les informaban que por seguridad iban a ser retenidos sus pasaportes y les entregaban copias de los mismos.

Luego les hacían firmar una hoja en blanco a cada víctima captada, al tiempo de entregarles insumos de trabajo (las enciclopedias, talonarios de facturas, carpetas y brochures), así como carnets de identificación, además de que les daban una charla que tenían que aprenderse con el fin de convencer a los potenciales clientes sobre la  importancia de la compra de las enciclopedias.

La instancia destaca que posteriormente las víctimas eran trasladadas a provincias del interior del país, donde realizaban las ventas de los libros, casa por casa, labor por las que les prometían pagarles, sin embargo, no les hacían ningún pago por el trabajo realizado, argumentando que se lo pagarían al culminar su tiempo de trabajo, recibiendo luego presión psicológica y las obligaban a firmar un documento de descargo para posteriormente proceder a entregarles sus pasaportes originales.